Señales políticas: omertá y secretismo
La pasada reflexión se refirió a las mafias políticas de carácter institucional, caracterizadas por generar estructuras de poder paralelas que asocian a funcionarios oficialistas y opositores con privados, y son implementadas y conducidas desde altas esferas estatales para saquear recursos públicos. En dicha oportunidad se señaló que su principal estrategia consiste en realizar denuncias de desprestigio basadas en suposiciones que mezclan verdades con mentiras. Ahora, tras hacerse público a través de medios de comunicación un hecho protagonizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se mencionan otras dos de sus reglas clásicas, conocidas como “omertá” y secretismo, lo que ratifica que el término “mafia” no debe evaluarse como un insulto, sino como una forma de entender conductas y procedimientos.
La omertá o ley del silencio es un código de honor mafioso surgido en el sur de Italia, que prohíbe terminantemente colaborar con las autoridades o dar información sobre actividades delictivas. El secretismo por su parte, consiste en guardar información de manera intencional para que no llegue a la opinión pública. A través de medios periodísticos relevantes se conoció que el 28 de mayo pasado los legisladores provinciales aprobaron no entregar a la fiscal Betina Lacki a cargo del trámite judicial, los expedientes administrativos motivados por pagos de salarios vía cajeros de falsos trabajadores legislativos, que eran cobrados por empleados activos, entre ellos el conocido Julio “Chocolate” Rigau, para su posterior reparto. Para evitar que se identifiquen a los responsables, en un marco de secretismo se aprobó por unanimidad en mayo, con excepción de un diputado, archivar los expedientes para aducir la imposibilidad de entregarlos. Lo descripto motiva las siguientes hipótesis: 1) para ocultar actividades delictivas o que afecten sus privilegios a nivel institucional, se pueden lograr acuerdos multipartidarios casi unánimes y sin grietas entre diversos espacios políticos (en las mafias se llaman familias), imposibles de lograr para aprobar leyes de interés común. 2) para evitar abstracciones encubridoras, como Honorable Legislatura, y no ser injustamente selectivo, se citan solo los nombres de los jefes de los principales bloques partidarios: Facundo Tignanelli (Fuerza Patria); Agustín Romo (La Libertad Avanza); Alejandro Rabinovich (PRO); Alejandra Lordeu (UCR) y Andrés de Leo (Coalición Cívica). Votó en contra Christian Castillo (Frente de Izquierda), pero ejerció la “omertá”, al no revelar quienes designaron a los empleados truchos, actitud inadmisible en un revolucionario de izquierda, aunque sea en la versión “light” criolla. Subsidiariamente se abre un interrogante: ¿los fueros que se auto adjudicaron los legisladores, los protegen de los mandatos judiciales? Maquiavelo sonríe.
Otro caso a seguir es la causa conocida como “Mansión de Villa Rosa en Pilar”, cuyos propietarios son una madre jubilada y su hijo monotributista, sospechados de actuar como testaferros del presidente de la AFA Tapia, y su tesorero Toviggino. Iniciada a principio de diciembre de 2025, a la fecha madre e hijo no fueron llamados a declarar, para lo cual se diseñó una estrategia inédita en los anales judiciales. Discutiendo competencia intervinieron cinco jueces, once camaristas (dos se excusaron), y seis fiscales, sin que a la fecha exista una decisión. Como sucediera con los legisladores provinciales, lo expuesto promueve hipótesis:1) Que Tapia y Toviggino con sus enriquecimientos exponenciales, son solo mascarones de proa para ocultar negociados en el fútbol, de los que participan políticos, empresarios, sindicalistas, poder judicial, intendentes y gobernadores. Las quejas recientes de presidentes de clubes como Di Carlo, Milito, Daniel Vila y Russo, parecieron romper con la “omertá”, pero fue una falsa alarma. Las quejas se referían a los arbitrajes, no a los manejos económicos de la AFA. 2) Respecto a la estrategia de debatir competencia para ganar tiempo y diluir pruebas, cabe preguntarse: ¿cuál sería la respuesta correcta de competencia para aprobar un examen en Facultades de Derecho? 3) ¿sigue existiendo una custodia judicial estricta en el predio, o dilucidada la competencia se descubrirá que muchos autos incautados desaparecieron?
Como se observa, los interrogantes son elementales, y pueden formularse en cualquier mesa de café.
Buenos Aires, 30 de septiembre 2026

Alberto Landau
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