Rusos, periodistas y legisladora

Para que sean ilustrativos, los análisis políticos no pueden considerar los hechos y escándalos individualmente encapsulados, sino formando parte de tramas más extendidas que permitan arribar a conclusiones racionales y consistentes que promuevan reformas institucionales virtuosas. Bajo esta óptica vale comentar la campaña de desacreditación del gobierno de Milei través de medios, plataformas y periodistas, mediante la propalación de mensajes falsos o capciosos, encuestas, y reportajes a políticos, analistas y economistas, financiadas por el gobierno ruso. Ello se detectó por filtración de informes de un grupo de espionaje conocido como La Compañía, obtenidos por un consorcio internacional de medios de investigación, que en nuestro país dio a conocer el periodista argentino Santiago O`Donnell, que integra dicho consorcio.

En primer lugar, sorprende la escasa cobertura periodística local para detallar a los involucrados, la forma de captación y pago de los servicios, considerando la intervención extranjera en nuestro país, pese a lo cual, periodistas banalizaron el hecho, señalando que esta práctica existe a nivel internacional, lo que es verdad; pero también existe la corrupción política, curas pedófilos, etc., y no por ello dejan de merecer investigaciones periodísticas acordes. El interés de Putin al respecto pareciera claro: desacreditar a un gobierno que rechazó la invasión rusa a Ucrania. Pero en cuanto a nuestros partícipes criollos, cabe establecer si actuaron solo por dinero, o existen nexos más peligrosos. Otro caso reciente lo protagonizó la periodista y legisladora Marcela Pagano en la operación para repatriar al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por más de 400 días por el autócrata gobierno venezolano, que contó con el apoyo logístico de transporte aéreo a cargo del presidente de la AFA Claudio Tapia, epítome de transparencia administrativa en el manejo de un organismo “sin fines de lucro”. Reporteada por la periodista Luciana Vázquez, Pagano afirmó haber enviado una carta al presidente del Consejo de Ministros de Venezuela, Rodríguez, que le fue respondida. Consultada si informó al gobierno de su gestión, respondió negativamente, por haber aplicado “la poco conocida diplomacia legislativa”, que no existe, pues la diplomacia como tal con gobiernos extranjeros, se reserva al presidente, cancillería y diplomáticos. Fuera de este circuito institucional, pueden compartirse internacionalmente diversos temas públicos y/o privados, incluidos espionajes y operaciones.    

Conocer el hecho revaloriza al periodismo, que en un ámbito de libertad de prensa y opinión, semeja al rol de libro de texto popular, que debidamente utilizado, facilita conocer y ejemplificar falacias y contradicciones dialécticas, para luego formular argumentaciones e hipótesis. Teniendo en cuenta que, en un país fuertemente corporativo en lo político, empresarial y sindical, el periodismo, sin cercenar su potestad de actuar, opinar y editorializar con total libertad, es una corporación más, que no en vano es mundialmente considerada como “cuarto poder”. Por ello debe aceptar someterse a escrutinios, que lamentablemente incluyen agravios. Pero también debe investigarse a sí mismo como en este caso, porque no es lo mismo periodistas que pueden cobrar extras de determinados sectores corporativos argentinos para propalar campañas prediseñadas, que hacerlo recibiendo contraprestaciones de gobiernos extranjeros para engañar y desinformar, a fin de afectar institucionalmente a un gobierno democrático. 

Ante este suceso se destacan dos actitudes. La del Gobierno, su inhabilidad o necedad al impedir el acceso de periodistas sospechados a conferencias de prensa oficiales, promoviendo el recurso marketinero del “escándalo”, que mezcla verdad con falsedad, e información con desinformación, lo que facilita que un elefante puede esconderse entre muchos elefantes, cuando los responsables deben ser identificados, no cancelados convirtiéndolos en víctimas, igualando a sospechosos con culpables. En lo que respecta a los periodistas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), no puede remitirse a señalar la obviedad “de que las campañas ilegítimas afectan la confianza pública de los medios políticos”, sino poner en marcha las capacidades investigativas de sus miembros, para poner al descubierto a los responsables. Tarea que le compete, atendiendo a que el derecho a la información con rigor profesional es uno de sus postulados, y que además dicta cursos referidos a la desinformación.  

Buenos Aires, 15 de abril 2026